Siete acusados serán juzgados por retener y prostituir mujeres en clubes de Torrelavega y Polanco
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David Laguillo
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La Sección Primera de la Audiencia Provincial acogerá el lunes el juicio por detención ilegal y explotación de la prostitución, entre otros delitos, contra siete acusados de formar una red que explotaba a mujeres en situación irregular en nuestro país, en tres clubes de alterne de Polanco y Torrelavega.
Según el relato del fiscal, uno de ellos era el propietario de los tres clubes, otro de los acusados ejercía como su hombre de confianza y supervisaba diariamente los tres establecimientos, otros cuatro fueron encargados de alguno de los clubes y el último de los seis acusados, de nacionalidad rumana, era el encargado de reclutar a chicas.
En septiembre de 2005, este último seleccionó a seis mujeres de Rumanía a quienes ofreció un trabajo digno, por el que iban a cobrar 1.000 euros al mes.
Entraron en España como turistas –Rumanía aún no pertenecía a la UE- y fueron trasladadas a uno de los clubes.
Allí, tuvieron que firmar un papel en el que reconocían tener una deuda de 1.000 euros por el traslado, deuda que debían saldar tomando copas y ejerciendo la prostitución. Las chicas debían pagar además por el alquiler de la habitación, la limpieza de sábanas y el uso de preservativos.
La primera noche, algunas se negaron a prostituirse, por lo que fueron amenazadas de muerte y también de que matarían a sus familiares en Rumanía.
Las mujeres se encontraban recluidas, y sólo se les permitía hacer salidas controladas. En un momento de descuido, lograron huir y acudieron a la policía. Tras testificar e identificar a los autores, salieron de España.
Meses después, en un control de extranjería en uno de los clubes, la Guardia Civil encontró cuatro mujeres brasileñas que decían ejercer la prostitución de manera voluntaria si bien se encontraban en situación irregular en España.
Fueron traídas a nuestro país por una mujer brasileña –que no ha sido identificada-, quien les pagó el viaje pero luego les exigió una deuda que debían pagar prostituyéndose.
Los hechos relatados constituyen, a juicio del Ministerio Fiscal, delitos de detención ilegal, explotación de la prostitución y contra los derechos de los trabajadores.
Por eso, reclama una condena de 33 años de prisión y multa de 3.150 euros para el dueño de los tres locales, y además que éstos sean clausurados definitivamente.
Por su parte, el hombre de confianza del anterior merece, a juicio del Ministerio Público, una pena de 20 años de cárcel y la misma multa, condena también solicitada para dos de los encargados del club donde fueron obligadas a prostituirse las chicas de nacionalidad rumana.
Para el hombre rumano que reclutaba a las chicas, la petición de condena se eleva a 18 años de cárcel, y para los encargados del club donde ejercían las mujeres brasileñas, el fiscal solicita doce años de prisión y multa de 3.150 euros.
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