El PSOE denunciará al alcalde de Polanco, Julio Cabrero, por presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos

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• El alcalde, cuya “falta de dirigencia” ha ocasionado un quebranto de 380.000 euros a las arcas municipales, contrató “verbalmente” y “sin concurrencia” la redacción del proyecto y la dirección facultativa
• Las obras, que tienen que volver a salir a concurso, llevan paralizadas desde enero de 2012

El PSOE de Polanco denunciará al alcalde y diputado regional, Julio Cabrero (PP), ante la Fiscalía de Cantabria por un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos durante el proceso desarrollado en torno a la construcción del polideportivo municipal.

Según informó el PSOE, los expedientes de contratación de la redacción del proyecto y de la dirección facultativa “no existen porque fueron contratos verbales por el alcalde”, afirmaron la secretaria general del PSOE en Polanco, Consuelo Ruisánchez, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Felipe Tapia.

“Ambos contratos se hacen de forma verbal (lo que está expresamente prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público), responden a una decisión personal del alcalde, no están sometidos a ningún procedimiento de concurrencia competitiva, y superan ampliamente el límite que marca la ley para los contratos menores a realizar de forma discrecional (18.000 €)”, han asegurado.

También recriminan al regidor municipal que gastara 110.000 euros “totalmente innecesarios” para contratar a la dirección facultativa a pesar de que la secretaria municipal advirtió en un informe que estaba “incluida dentro de las propias del puesto de trabajo de la arquitecto municipal”.

Señalan, además, que la “falta de diligencia” de Cabrero ha provocado un “quebranto” económico de 380.000 euros a las arcas públicas, de modo que, a su juicio, “también existe presuntamente una culpa ‘in vigilando’”, según recoge el artículo 1903 del código civil.

En el último Pleno municipal, el Ayuntamiento, a instancias del alcalde, ha aprobado por unanimidad una resolución para iniciar acciones contra la empresa adjudicataria y la dirección facultativa por no haber controlado debidamente la obra.

Sin embargo, “a pesar de reconocer en esa misma resolución que contrató sin concurrencia y que su actuación fue lesiva para el Ayuntamiento”, al que ha ocasionado el perjuicio de 379.048,28 euros, Cabrero se ha negado incluso a votar una propuesta de los socialistas para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

“¿Por qué se opone a que se analice su actuación por alguien imparcial como es el fiscal? ¿Tiene miedo?”, se han preguntado los socialistas, que debido a este rechazo han tomado la iniciativa porque creen que “ante las irregularidades puestas de manifiesto a lo largo y ancho de los informes de la secretaria y de la arquitecta municipal, no podemos mirar para otro lado pues incurriríamos nosotros mismos en responsabilidad como cómplices”.

El proceso

Según han explicado, “a lo largo de todo el proceso se han ido produciendo una serie de irregularidades, cuando no de ilegalidades, que deberían haber llevado al alcalde a una especial vigilancia de las obras del pabellón y de la labor desarrollada por la dirección facultativa, que a todas luces no hizo”.

Así, han señalado que cuando se manda por primera vez el presupuesto al BOC, hay que retirarlo porque a los redactores  elegidos por el alcalde se les ha “olvidado” incluir la cubierta, y el “desaguisado” se arregla reduciendo globalmente un 11% el resto de las partidas, añaden.

A continuación aceptan con motivos “completamente peregrinos” adjudicar la obra con una baja temeraria del 32,5 %.

Esto provoca que al mes de octubre de 2011, cuando queda poco más de 7.000€ del presupuesto, ”faltan por ejecutar obras por un valor de 220.000 €, al tiempo que se certifican errores en la medición real de la obra por valor de 197.000 € ”.

“Todas las certificaciones de obra están sin firmar por el inspector municipal de la obra, que es el propio alcalde, pero los documentos de pago sí. Entonces, ¿pagaba sin inspeccionar?”, se han preguntado, al tiempo que han destacado que los proveedores no ha cobrado ninguno.

Para arreglarlo, en diciembre de 2011, el PP aprueba un modificado del proyecto por valor de 405.000 euros que, según informe de secretaría, “no está justificado” (condición sine qua non  para su aprobación según la Ley de contratos del Sector Público).El informe de la arquitecta municipal dice textualmente que “la justificación del modificado es muy sucinta, se queda corta para explicar un aumento de 405.000 € y no se corresponde con las razones aducidas en su solicitud”.

Según han relatado, todo “estalla” cuando en enero de 2012 la empresa constructora abandona la obra y el alcalde “ya no puede seguir ocultando tan llamativa situación a nadie”.