El Gobierno de Cantabria aprobó el pasado 28 de abril una propuesta de resolución por la que se revisa y modifica la autorización ambiental integrada («AAI») otorgada a la planta de producción de cloro con tecnología de mercurio de Solvay en Torrelavega, a la que concede una prórroga de 24 meses, a contar desde la fecha en que se notifique la resolución, para cerrar dicha planta.
En caso de que finalmente el Gobierno de Cantabria haga definitiva la propuesta citada, varios fabricantes de cloro han opinado este lunes que el ejecutivo ‘estaría contraviniendo la normativa europea y española’. Según estos fabricantes, se establece un plazo legal, que vence el 11 de diciembre de 2017, para cesar la producción de cloro con tecnología de mercurio.
«Este plazo es improrrogable e idéntico para todos los fabricantes europeos», apuntan Electroquímica de Hernani, S.A.; Electroquímica Onubense, S.L.; Ercros, S.A.; y Química del Cinca, S.L., empresas fabricantes de cloro-álcali en España. Estos fabricantes operan con tecnología de membrana, aceptada como mejor tecnología disponible («MTD»), o bien están en proceso de implantación de dicha tecnología.
Además, manifiestan que de producirse esa decisión las autoridades cántabras ‘contravendrían la ley’ y advierten que, en tal caso, ‘ejercitarán cuantas acciones sean pertinentes en aras a combatir tal manifiesta ilegalidad’, sentencian en un comunicado.
Los fabricantes recuerdan que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, en su respuesta a una petición de la Generalitat de Catalunya, es categórica al afirmar que «En aquellos casos en los cuales el contenido de las conclusiones MTD prescribe que determinadas técnicas no pueden ser consideradas MTD bajo ninguna circunstancia, tal y como ocurre en el caso de las celdas de mercurio, las autoridades competentes deben garantizar que tales técnicas han dejado de utilizarse una vez transcurrido el plazo de cuatro años tras la fecha de publicación de dichas conclusiones».
A juicio de los fabricantes de cloro, la concesión de esta prórroga ‘entraría en claro conflicto con el interés público ambiental’ y conllevaría una ‘grave distorsión de las condiciones de competencia del mercado’.
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