Ambos sindicatos han recordado que el Ayuntamiento de Torrelavega anunció en agosto que remitía los 31 expedientes abiertos a policías locales por participar en el acto de protesta que derivó en el cierre del edificio consistorial, pero que el Ayuntamiento remitió los expedientes "de forma directa" a la representante del Fiscal General de Cantabria, quien, según afirman los sindicatos, "los ha guardado en un cajón durante casi seis meses y no se ha vuelto a acordar de ellos hasta que la protesta sindical ha vuelto a incomodar al Ayuntamiento", añaden.
También han añadido que "en esos mismos días", la alcaldesa de Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante (PSOE), "resolvía" el expediente contra Rafael Musy (USO) con una sanción de seis meses de empleo y sueldo.
En opinión de USO y APLC, todo ello "prueba la perfecta sincronización de la fiscal Jefe y la alcaldesa", y añaden que rechazan "enérgicamente" la actuación de la máxima responsable de la Fiscalía en Cantabria, y califican como "pobre y flaco favor" el realizado por María Teresa Calvo al Estado de Derecho y a la independencia del Ministerio Público.
"Represión sindical y venganza partidista"
Además han calificado la sanción impuesta a Musy como "un claro caso de represión sindical y venganza partidista", y afirman que la alcaldesa "ha permitido la filtración a la Prensa de la resolución del expediente sancionador antes de ser notificado al interesado", lo que para estos sindicatos supone una "clara demostración de soberbia política y de mezquindad personal".
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