USO considera que este caso es un "caso claro de tráfico de influencias y corrupción sindical donde se anteponen intereses personales de los "sindicalistas" firmantes sobre los derechos de acceso al empleo de quienes ganaron su derecho en un proceso de selección y donde se reitera la discriminación del acceso al empleo industrial de la mujer, y ello tras recientes sentencias que condenaron la discriminación sufrida por las mujeres."
USO realiza una llamada pública a los 11 candidatos y candidatas que superaron los 50 puntos y no han sido contratados para que contacten con USO para organizar la defensa jurídica-sindical de su contratación ganado libremente en el proceso de selección 2006-2007 y que la "corrupción sindical" les arrebató.
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