Además, Musy afirma que la persecución hacia Cobo Villalba comenzó con motivo del conflicto que mantiene la policía local con el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de la ciudad. Musy añade que Cobo Villalba ha sido "acusado públicamente por la alcaldía de hechos que resultan falsos, no abriéndose expediente disciplinario por ninguno de ellos", y también recordó el "sospechoso" despido de la esposa de Villalba de una empresa que trabaja para el Ayuntamiento.
También, Rafael Musy de la Puente ha asegurado que, en octubre de 2008, y para evitar que "alguien metiera la mano en el cajón de las denuncias" de tráfico que los agentes cursaban, una serie de agentes de la Policía Local "decidieron registrar, por vía interna, la relación de las denuncias que ellos mismos confeccionaban".
Este hecho, afirma Musy, "fue reprimido tanto por el concejal de Policía, Pedro Aguirre, como por el oficial jefe, abriendo a estos funcionarios sendos expedientes indagadores para que justificaran sus actuaciones dejando entrever la dejación de otras funciones policiales".
"Y es con referencia a este asunto, donde el oficial jefe, presumiblemente siguiendo las directrices del concejal de Policía, y conocedor, como instructor de los expedientes sancionadores en materia de Tráfico, del Procedimiento Sancionador, ha adquirido de forma incomprensible 5.000 talonarios de denuncia con sólo dos copias. El Procedimiento Sancionador en materia de tráfico (art.6) dice: "Los correspondientes boletines de denuncia se extenderán por triplicado ejemplar. Uno de ellos quedará en poder del denunciante, el segundo se entregará al denunciado si fuera posible y el tercero se remitirá a la Jefatura de Tráfico o Alcaldía correspondiente".
Según informó el sindicato en un comunicado, "estos boletines con doble copia no son reglamentarios y no se debieran utilizarse, dado que su uso puede anular el procedimiento sancionador", y afirman que se ha cursado la correspondiente denuncia de los hechos relatados "ante la Alcaldía de Torrelavega" y se ha solicitado que "se abra expediente informativo al oficial jefe de la Policía Local como presunto autor de una falta grave prevista en el artículo 36.d de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria, puesto que con evidente conocimiento ha causado un daño en el patrimonio de la Corporación".
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