La Sección Sindical de USO en el Hospital de Sierralllana, a través de su portavoz José María Fernández Cobo, ha denunciado este miércoles el aumento de la partida presupuestaria en concepto de «peonadas» (horas extraordinarias para reducir las listas de espera) que se realizan en el hospital torrelaveguense, a pesar de los recortes en sanidad que han afectado a los profesionales y usuarios del Servicio Cántabro de Salud (SCS)
Fernández Cobo asegura que esta situación ha incrementado de forma notable el trabajo que se realiza mediante las peonadas, sin que con ello se hayan reducido en igual manera las listas de espera en el centro médico, objetivo principal por el que se puso en marcha este sistema en el año 2000.
El sindicalista asegura que sigue habiendo servicios que cobran las peonadas y que son los principales beneficiarios del dinero que paga el SCS. Según datos del propio SCS aportados a USO, en 2011 en el Hospital Sierrallana se destinaron a las peonadas en los distintos servicios más de 350.000 euros, cantidad que al año siguiente fue de más de 250.000 euros. En 2013, las cantidades presupuestadas para las peonadas ascienden a 412.000 euros (150.000 euros más que en el 2012) a las que hay que sumar 223.000 euros en Atención Primaria y 1.106.000 euros en Valdecilla.
USO también ha denunciado que se está creando «una discriminación» entre trabajadores, que genera malestar entre muchos profesionales del hospital Sierrallana, pues no entienden que determinados compañeros cobren estas cantidades «desorbitadas», cuando a todos se les está aplicando recortes en sueldo y pluses, además del aumento de 2 horas y media de jornada semanal.
En este sentido, considera que esta práctica es un «despilfarro» y una forma de «malgastar los fondos públicos de la Sanidad», ya que con el dinero invertido en pagar el año pasado horas extras podría haberse contratado personal y facultativos para abrir todos los días un quirófano.
El portavoz de USO ha pedido al Gobierno Regional y a la Consejería de Sanidad que acaben con una práctica que supone un «derroche» de fondos públicos sin reportar ningún beneficio a los enfermos, que deben seguir soportando largas listas de espera, que en la actualidad suponen cifras de unos 14.000 pacientes, cuando a finales del 2011 rondaban los 9.000.
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