En su texto, ACPT destaca que el anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre los trabajadores de la empresa SNIACE, que afectará a un 60% de sus trabajadores, es una ‘pésima’ noticia para la plantilla y para Torrelavega, que ‘desciende un nuevo peldaño hacia el foso de absoluta precariedad’, tras los recientes ERES habidos en factorías muy importantes, para la economía productiva de la ciudad, apunta la formación.
ACPT recuerda que la crisis y las medidas del gobierno, vienen siendo también ‘pretextos argumentados’ por determinados empresarios para justificar regulaciones y despidos ‘a la carta’, y pone como ejemplo el céntimo verde, la justificación de SNIACE para la decisión anunciada. En este sentido, ACPT manifiesta que en modo alguno está de acuerdo con esta afirmación, ‘SNIACE es quien está en deuda con Torrelavega’, señala la formación de izquierdas.
‘Desde los terrenos donde se ubica que fueron expropiados arbitrariamente cuando no expoliados, hasta la mano de obra de su construcción proveniente mayoritariamente de represaliados de la Guerra Civil, pasando por la permisividad de las consecuencias sobre el medio ambiente de su actividad. Y los trabajadores han contribuido con su trabajo, principalmente, al enriquecimiento de la empresa. Ninguno se ha enriquecido con su salario. Por lo tanto nada debe Torrelavega a SNIACE; sin embargo SNIACE tiene una deuda social con esta ciudad’, afirma ACPT.
La formación reclama que quienes tienen responsabilidades políticas deben intentar una solución inmediata al problema de la empresa, concretamente al futuro de sus trabajadores. ACPT señala que Torrelavega ‘se hunde’ ante la ‘parálisis política’ de los gobiernos local, autonómico y central.
‘Desde los ochenta, paulatinamente, se viene produciendo un goteo sistemático de cierres y regulaciones. Ahora, en medio de la mayor crisis del sistema capitalista, todo hace vislumbrar un futuro de tierra quemada’, sentencia y exige al equipo de gobierno del Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria que medien ante el Gobierno de España para buscar una solución consensuada que impida el ERE anunciado y prevenga situaciones futuras semejantes en otras empresas de la ciudad.
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