El miércoles ya se entregó la carta de despido a varios trabajadores, mientras que otras serán entregadas en las próximas horas. Diego pidió al representante de Sniace, Miguel Gómez de Liaño, que no cierre todas las puertas, y recordó que su Gobierno ha actuado siempre «en defensa de los intereses de Sniace», pero nunca en los beneficios de los accionistas, sino «pensando en el mantenimiento de los puestos de trabajo».
Además, Diego recordó que el Gobierno había conseguido un «difícil objetivo» que es obtener recursos financieros del Estado para sufragar las Ayudas para Prejubilaciones (APJ), unas ayudas «muy especiales y muy singulares» y que «en muy pocas ocasiones se consiguen pero siempre condicionadas a reestructuraciones de empresa, no a cierres de empresa».
También, Diego coincidió con los trabajadores en la opinión de que la empresa estaba «engañando a los trabajadores forzando la firma de un acuerdo en el que constaban unas prejubilaciones para las que no pensaba poner un euro, lo que las hace legalmente imposibles», aseguró el presidente.
El jefe del ejecutivo afirmó que si la empresa «fuerza los despidos» y el cierre de Sniace, «ya no se podrá optar a los recursos de las APJ que el Estado se había mostrado en disposición de aportar, siempre y cuando se trate de una reestructuración y que complementen las que haga la empresa».
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