En la imagen Ángel Herreros, líder de la Plataforma Salvar Torrelavega de una ZBE ruinosa- La Plataforma asegura que la ordenanza de la ZBE 'arrastra' a Torrelavega "al precipicio económico"
La Plataforma Salvar Torrelavega, liderada por Ángel Herreros, ha anunciado hoy su decisión de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada el pasado 4 de febrero de 2026 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que desestimó la demanda de nulidad de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio. La dirección letrada del procedimiento seguirá en manos del despacho especializado Dvuelta, que ya representó a la plataforma en la instancia ante el TSJC y que ahora trasladará la batalla jurídica al Alto Tribunal.
Herreros recuerda que Dvuelta es el despacho ‘de referencia en España en la impugnación de ordenanzas municipales de movilidad y tráfico’. La firma ya logró la anulación judicial de la ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid y de la de Gijón, lo que la convierte en el equipo ‘con mayor trayectoria acreditada en la defensa de los derechos de ciudadanos y conductores frente a este tipo de regulaciones’.
La trayectoria conjunta de Dvuelta y Salvar Torrelavega arranca desde los primeros pasos del litigio. Fue el despacho que articuló la estrategia jurídica que llevó el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y quien identificó los ‘vicios procedimentales y sustantivos’ que, a juicio de la plataforma, invalidan la ordenanza desde su origen. Ahora, tras la sentencia desfavorable del TSJC, Dvuelta continuará esa misma línea de defensa ante el Tribunal Supremo, con la experiencia añadida de sus victorias frente a los ayuntamientos de Madrid y Gijón.
La Zona de Bajas Emisiones de Torrelavega establece restricciones a la circulación de determinados vehículos en función de su etiqueta medioambiental. Desde su aprobación, la ordenanza ha generado un ‘intenso debate ciudadano y jurídico, con numerosas voces críticas que cuestionan su base técnica, la proporcionalidad de las medidas adoptadas y el rigor del proceso normativo seguido por el consistorio’.
Salvar Torrelavega lamenta que el TSJC haya optado por confirmar la validez de la ordenanza ‘pese a reconocer en su propio fallo la existencia de deficiencias en su tramitación’. El recurso de casación que Dvuelta formalizará ante el Tribunal Supremo se articulará en torno a tres argumentos jurídicos claramente diferenciados, que la firma considera ‘de interés casacional objetivo y de relevancia para el conjunto del ordenamiento jurídico-administrativo español’, como son ‘defectos graves en el procedimiento de elaboración de la norma; ausencia de memoria económica propia y rigurosa y falta de motivación ante restricciones más severas que las recomendadas por los propios técnicos municipales’.
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