PRC y ACPT aseguran que la rescisión del contrato «no tiene ni pies ni cabeza, no tiene justificación ni amparo», y han propuesto a Calderón que «negocie» y que, marcando objetivos y plazos y unas condiciones económicas buenas para el Ayuntamiento, «impulse y no paralice» la revisión del PGOU. En este sentido, han subrayado que según el equipo redactor dicha revisión puede ser «realidad» durante esta legislatura.
Acusan de falta de interés de Calcerón Ciriza y el concejal de Urbanismo, Alejandro Fernández Berjano, en solucionar los problemas existentes con el equipo redactor, y se preguntanqué se «esconde» detrás de esta decisión «unilateral y sin consensuar».
Para los regionalistas y ACPT, Ildefonso Calderón está demostrando que tiene «algún interés» en la rescisión de este contrato y parece olvidar, han señalado, que eso supondría más dinero y empezar de cero una revisión del PGOU que es «prioritaria» para Torrelavega.
También exigen al alcalde que explique por qué si, como dicen, el contrato estaba caducado desde 2009 no lo denunciaron en su etapa en la oposición y ahora en el gobierno han tardado casi 2 años en hacerlo; o por qué no han remitido al equipo redactor los documentos y trabajos que les requerían para poder avanzar en la revisión.
Por último, los portavoces de ACPT y del PRC han anunciado que solicitarán un informe a los servicios jurídicos municipales para valorar las consecuencias económicas y de plazos que el decreto de alcaldía puede tener a la vista que el Equipo redactor va a defender sus intereses, tal y como ayer dejó de manifiesto en su reunión con los tres grupos de la oposición.
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