Podemos Torrelavega presenta una moción para implementar un impuesto a los grandes centros comerciales

Podemos Torrelavega, a través de su candidatura municipal Torrelavega Puede, presentará mañana martes 30 de enero una moción que persigue la implementación de un impuesto a los grandes establecimientos comerciales de Cantabria, con el fin último de que el impacto económico y medioambiental de estos centros comerciales se debata también en el Parlamento de Cantabria.

Desde que el 5 de mayo de 1982 se abrió la primera gran superficie en nuestra comunidad autónoma (el ya desaparecido PRYCA de Peñacastillo, ya ha pasado más de un tercio de siglo y tras la apertura de otras grandes superficies por toda Cantabria, “queda fuera de duda el impacto negativo que han causado, no solamente en términos económicos sino también medioambientales”.

Podemos señala que nuestro municipio ‘no es una excepción’ y de hecho ‘contamos con un ejemplo claro de masificación comercial en Sierrapando’, lugar en que se asientan un sinfín de superficies comerciales. Todo el “crecimiento” de estas grandes superficies se ha producido a costa del negocio tradicional, ubicado en el centro urbano y los barrios, “cuyo estado de deterioro es palpable con solo dar un paseo por la ciudad y ver los más de 400 locales vacíos existentes”.

La ubicación de estos centros de consumo, alejados del centro urbano ha fomentado la utilización masiva de vehículos a motor, herramienta casi indispensable para acceder a dichas superficies comerciales. Podemos señala que la mayor de las superficies comerciales ubicadas en Sierrapando (Carrefour), recibe según fuentes oficiales de dicha empresa más de 2 millones de vehículos al año.

Además de haber llevado a numerosas pequeñas y medianas empresas al cierre al no poder competir en condiciones de igualdad, el impacto medioambiental causado por las grandes superficies debido a su ubicación y tamaño ha motivado la implementación de un impuesto sobre grandes establecimientos comerciales (IGEC) en varias comunidades autónomas.

Este impuesto de naturaleza extra fiscal se distingue de otros tributos generales por no responder a una finalidad estrictamente recaudatoria. Podemos considera que dicha función extra fiscal de los tributos está plenamente admitida por el Tribunal Constitucional, siendo las comunidades autónomas quienes pueden implantarla, según puede leerse en la Sentencia del TC 37/1987 del 26 de marzo.

El IGEC parte del principio “quien contamina paga” contemplado en el artículo 191.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea : “los costes de la contaminación han de imputarse al agente contaminante, entendido por la persona física o jurídica sometida a derecho privado o público, que directa o indirectamente deteriora o crea las condiciones para que se produzca dicho deterioro”.

Pese a todo, este impuesto ha estado sujeto a bastante polémica debido a la ‘beligerancia jurídica’ manifestada por parte de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), lobby o grupo de presión que ha hecho todo lo posible para que la justicia europea se posicionase contrario a este impuesto y lo declarase ilegal, amparándose para ello en la vulneración de la libertad de empresa.

Esta presión por parte de ANGED llevó a varias comunidades autónomas a dar marcha atrás por miedo a las consecuencias legales de recaudar un tributo ilegal. Debido a ese motivo, de las seis CCAA que inicialmente se mostraron favorables a implantar el IGEC solamente 3 siguieron adelante con la iniciativa: Cataluña, Aragón y Asturias.

Podemos valora que el futuro del IGEC ha sufrido un ‘positivo cambio’ tras el reciente informe de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) Juliane Kokott que, avalando el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales (IGEC) declaraba que el impuesto «parece adecuado» y «no resulta desproporcionado”.