El diputado del PRC y ex alcalde de Torrelavega, Javier López Marcano, considera que la denuncia de ACPT en su contra por la firma en 2003 del convenio urbanístico que permitió al Ayuntamiento hacerse con la finca de La Carmencita -que ha generado una demanda de la promotora Terrenos de Adarzo contra el Ayuntamiento por valor de 4,5 millones de euros- “carece de todo fundamento”, ya que su intervención se limitó a suscribir ante notario y con “el visto bueno” de los técnicos la propuesta realizada por la Gerencia de Urbanismo, en aquel momento dirigida por el Partido Popular -PP y PRC gobernaron en coalición con López Marcano como alcalde-, y aprobada por la Corporación Municipal.
López Marcano ha restado importancia a una demanda que a su juicio está motivada por la oposición de ACPT al Centro de Emprendedores cuya construcción está prevista La Carmencita.
“Parece que lo que quieren es impedir que Torrelavega sea la capital del emprendimiento en Cantabria, con un Centro que va a ser la gran inversión de la legislatura”, ha puntualizado.
También recuerda que él no tuvo en ningún momento participación directa en la elaboración del convenio objeto de la denuncia, el cual fue redactado por la Gerencia de Urbanismo, cuya dirección política ostentaba en aquel momento el PP, con el que el PRC gobernaba en coalición.
También ha recordado que ese acuerdo fue ratificado por el Pleno, antes de que él mismo, como alcalde y en presencia del secretario municipal, a quien se ha referido como “un técnico riguroso e impecable”, procediera a firmarlo ante notario.
“Quieren sembrar dudas sobre mi actuación, pero de lo único que pueden acusarme es de haber aportado al patrimonio municipal una finca de 12.000 metros cuadrados, que en la siguiente legislatura el PSOE convirtió en aparcamiento público y que el PP ha destinado en la actual a Centro de Emprendedores”, ha agregado.
López Marcano se ha preguntado por último por qué ACPT no ha buscado el acuerdo con otros grupos políticos, ni propuesto iniciativa alguna al Pleno sobre este asunto. “Si su actuación persiguiera realmente la defensa del interés municipal, lo lógico habría sido buscar el respaldo del resto de la Corporación dentro del propio Ayuntamiento”, ha concluido.
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