Sin embargo, según se ha sabido, varios integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han recibido por parte de la Delegación de Gobierno una serie de multas a los activistas, que pueden oscilar entre los 300 y los 30.000 euros por carecer de autorización para manifestarse.
Los integrantes de la PAH ya han afirmado que no van a pagar las multas, y desde partidos políticos como Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) a través de su concejal Iván Martínez, aseguran que les gustaría ver el mismo principio de autoridad contra los responsables de esta situación (banca, constructoras) comportándose ‘como lobos para el pueblo y corderos para los poderosos’.
ACPT añade además que se trata de un abuso de poder, porque tras el fallo jurídico que dijo que el escrache no era un delito utilizan la maquinaria administrativa para imponer su castigo.
La formación añade además que con estas sanciones lo que también se quiere es ‘meter el miedo en el cuerpo’ no sólo a los sancionados sino a todo el que tenga intención de protestar, reivindicar en definitiva movilizarse o rebelarse ante situaciones de injusticia.
También se recuerda que el fenómeno de las sanciones no es nuevo, son muchos los colectivos que han recibido sanciones en Torrelavega, por pegada de carteles, miembros de la Unión Vecinal por concentrarse reivindicando la mejora de los pasos a nivel de FEVE. Es más, miembros de ACPT recibieron multas por su participación en distintas movilizaciones (Palestina, Vías de FEVE)
‘El objetivo último es que dobleguemos, cedamos y no luchemos contra los ataques que estos Gobiernos está llevando a cabo contra la clase trabajadora’, afirma ACPT.
ACPT presentará al próximo pleno una moción por la que la corporación de Torrelavega solicita al Delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, la retirada de las sanciones impuestas a los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Torrelavega.
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