La Fiscalía de Cantabria ha comunicado a un vecino de Riocorvo la apertura de Diligencias Preprocesales de Investigación Penal relacionadas con una denuncia presentada el pasado 14 de agosto al respecto de las obras realizadas en una casa de Riocorvo incluida en el Conjunto Histórico con el grado de protección de catalogación integral.
En la denuncia, a la que ha tenido acceso el periódico ESTORRELAVEGA, el vecino acusa del presunto delito al Ingeniero Municipal del Ayuntamiento de Cartes, al actual Alcalde Agustín Molleda, a los miembros de la Junta de Gobierno Local que otorgó las licencias, y al representante legal de la empresa que gestiona el edificio.
El denunciante considera que la empresa está llevando a cabo las obras de reestructuración y reforma que «no están respetando de ninguna manera el grado de protección del edificio Casona de Alonso Caballero, catalogado de protección integral, habiendo modificado y dañado de forma irreparable varios elementos protegidos, como el tejado, fachadas, e interior, pretendiendo incluso la unión de ambos inmuebles, mediante cuatro pasos entre los edificios, uno por planta, infringiendo también la protección del edificio colindante casa de los Haro».
El vecino opina que los hechos podrían constituir un presunto delito de atentado sobre el Patrimonio Histórico del artículo 321 y 322, prevaricación específica, del Código Penal, en los que se señala que «los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años», y en el caso de la autoridad o funcionario público «que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida en el artículo 404 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses», extrae del Código Penal el denunciante.
La Fiscalía respondió al denunciante siete días después de interponer la denuncia, y en su carta se le informa de que se han incoado las Diligencias de Investigación «con el fin de proceder al esclarecimiento de los hechos».
El alcalde de Cartes Agustín Molleda, en declaraciones a este periódico, expresa su «tranquilidad absoluta y confianza en la justicia». «No recibí aún ninguna notificación/comunicado, de ser cierto, acudiremos como siempre hicimos con actitud de colaboración y expedientes impolutos en su desarrollo», agrega Molleda.
El edificio alberga un negocio de apartamentos turísticos que se promociona ampliamente a través de las redes sociales, y que cuenta con un ascensor.
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