El pasado 4 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el otorgamiento del Permiso de Investigación ARQUETU a la empresa TROFOGÁS HIDROCARBUROS SL, por 6 años en una superficie de 24.876 hectáreas que afecta a los ayuntamientos de San Vicente de la Barquera, Valdáliga, Rionansa, Tudanca, Udías, Cabezón de la Sal, Ruente, Cabuérniga y Los Tojos.
Los expertos alertan del peligro
Un informe del Departamento de Biología de la Universidad Duke (Durkham, Carolina del Norte) asegura que la perforación direccional y las tecnologías de fracturamiento hidráulico (‘fracturing’) aumentan dramáticamente la extracción de gas natural. En este sentido, los expertos de esta universidad apuntan que en los acuíferos del noreste de Pennsylvania y el estado de Nueva York, se ha documentado sistemáticamente la contaminación del agua potable con metano, asociada a este sistema de extracción.
En las zonas cercanas a este sistema de extracción, el informe señala que el promedio de las concentraciones y de metano en el agua de los pozos aumenta con la proximidad a la planta. Además, supone un potencial peligro de explosión.
Trofogás usa tecnología norteamericana y tiene capital canadiense, con la pretensión de investigar y explotar gas natural en el subsuelo de Cantabria, mediante el sistema conocido como "fracturing". Según Ecologistas en Acción (EA), la Consejería de Industria ha concedido el permiso de investigación el pasado 31 de marzo, cuyos trabajos de investigación incluyen la perforación de 4 pozos a gran profundidad.
Preocupación en las zonas afectadas
EA asegura que esta tecnología no convencional de extracción de gas natural lleva realizándose en Estados Unidos desde hace años, pero es novedosa en Europa y España, en particular. Esta polémica forma de extracción del gas natural consiste en introducir enormes cantidades de agua a presión, mezclada con arena y productos químicos, que rompe las rocas bituminosas y libera el gas natural y otros gases y líquidos que están retenidos. EA apunta que esta tecnología genera contaminación del suelo y del subsuelo con las sustancias químicas que se añaden al agua a presión y los gases que se liberan, que afectan a las aguas subterráneas y superficiales.
Un informe del Tyndall Centre, certifica que numerosas sustancias han sido clasificadas por organismos de control europeos como de "inmediata atención" debido a sus efectos potenciales sobre la salud y el ambiente. En particular, 17 han sido clasificadas como tóxicas para organismos acuáticos, 38 son tóxicos agudos, 8 son cancerígenos probados y otras 6 están sospechadas de serlo, 7 son elementos mutagénicos, y 5 producen efectos sobre la reproducción. El nivel de riesgo asociado al uso de estas sustancias depende de su concentración y de la forma en que se exponga a los seres vivos y al ambiente durante su utilización, las enormes cantidades que deben emplearse -para una plataforma de 6 pozos oscilarían entre los 1.000 y los 3.500 m3 de químicos-, serían, por sí mismas, motivo de máxima precaución y control.
La formación ecologista asegura que este permiso de investigación ha generado alarma y preocupación en diversos sectores sociales y han avanzado su intención de interponer un recurso de reposición contra este permiso.
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