Las tasas judiciales siguen levantando ampollas en todos los ámbitos de la judicatura. La desaparición en la práctica de la justicia gratuita por orden del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón ha sido rebatida con fuerza por jueces y abogados. El juzgado número 1 de Torrelavega impulsó en enero una cuestión contra la Ley de Tasas Judiciales por considerar que esta norma podría ser inconstitucional, después de estudiar las altas cantidades que deben pagarse en los recursos, lo que podría afectar al derecho de la tutela judicial efectiva al imponerse «requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la Jurisdicción».
El Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite, además de la cuestión presentada por el magistrado de Torrelavega, los recursos del PSOE, el Gobierno de Canarias, la Diputación de Aragón, la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña.
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