El PSOE acusa al Ayuntamiento de Piélagos de ‘abrir la puerta al Gobierno para continuar vertiendo en El Mazo’

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Piélagos ha denunciado hoy que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada por el equipo de Gobierno (PP) “abre la puerta al Gobierno regional para continuar vertiendo en El Mazo”.

La portavoz socialista, Rebeca Lanza, ha señalado que el equipo de Gobierno ha aprobado una modificación en el PGOU por la que “se posibilitan dotaciones y equipamientos de utilidad pública e interés social en la totalidad del suelo rústico de protección ordinaria del municipio”.

Con esta medida, ha explicado, el Gobierno de Cantabria puede ampliar el vertedero de El Mazo alegando “interés social” sin que el Consistorio pueda oponerse legalmente a ello.

Para Lanza, el equipo de Gobierno ha utilizado como “excusa” la construcción del nuevo colegio para modificar el PGOU con “intereses totalmente ajenos” al centro educativo.

En este sentido, la portavoz socialista ha exigido al alcalde, Enrique Torre, que aclare los motivos por los cuáles ha realizado una modificación tan “sustancial” del Plan General en vez de haber efectuado una modificación concreta para calificar como dotacional el terreno donde previsiblemente se va a construir el nuevo colegio, tal y como había solicitado el Grupo Socialista.

Ha recordado que el Ayuntamiento puso el grito en el cielo cuando el anterior Gobierno regional alcanzó la cota máxima de 98 “y hoy que supera los 180 no ha abierto la boca a pesar de la montaña de residuos que luce como paisaje y de continuar en una situación de ilegalidad extrema”.

Lanza ha apuntado que el Ejecutivo cántabro no ha ejecutado una subvención de 3 millones de euros solicitada por el anterior Gobierno a la Unión Europea para sellar el vertedero.

Igualmente, ha mostrado su perplejidad porque el alcalde, Enrique Torre, haya solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria la suspensión de los tres contenciosos administrativos que el Ayuntamiento había interpuesto y ganado contra Mare por verter de forma ilegal.

En este sentido, ha señalado que mientras el Ayuntamiento ha solicitado la suspensión de las sentencias, el Gobierno de Cantabria, por su parte, las ha recurrido, lo que invita a pensar que hay “intereses velados”.

También ha recriminado al equipo de Gobierno que rechazara en el último Pleno la moción del Grupo Socialista en la que se proponía terminar con el vertido ilícito, legalizar la parte correspondiente y exigir el sellado de El Mazo, cerrando así la posibilidad que a través de la modificación del PGOU se ha abierto para que el vertedero continúe funcionando.

Además, la portavoz socialista ha subrayado que verter en El Mazo es “más rentable económicamente” para el Gobierno regional, ya que los ingresos por vertidos en este vertedero son del 100% para las arcas autonómicas frente al 20% de la infraestructura de monte Carceña.

“Si unimos todas las piezas, es decir, el hecho de que verter en El Mazo sea más rentable económicamente, las prisas en la modificación del PGOU sin acotar, la pérdida de la subvención de la UE y la suspensión de los procedimientos contenciosos que interpuso el Ayuntamiento, es fácil pensar que el sellado del vertedero de El Mazo no entra dentro de los planes del Gobierno de Cantabria”, ha aseverado la portavoz socialista en un comunicado.

Acuerdo plenario

En esta línea, Lanza se ha cuestionado por qué el equipo de Gobierno municipal ha votado en contra de sellar el vertedero. Los ‘populares’ rechazaron esta propuesta alegando que es “obvio” que El Mazo se sellará una vez que se abra el de monte Carceña, lo que, a su juicio, “no es contradictorio con que se vote a favor de la resolución”.

“Sin tan seguros están de que será así no vemos el problema en que quede plasmado como acuerdo plenario”, ha incidido, al tiempo que ha reclamado una explicación al regidor municipal.

Finalmente, Lanza ha señalado que el Ayuntamiento aún no tiene los terrenos para construir el centro educativo, ya que el equipo de Gobierno no ha llegado a un acuerdo con los propietarios de las fincas y ha advertido que el ritmo al que avanzan las gestiones administrativas provocará que el colegio no entre en funcionamiento “como mínimo” hasta el año 2015, lo que agravará el “gravísimo” problema de escolarización que sufre Renedo.