El PRC denunciará al alcalde de Suances por presunta malversación, prevaricación, coacciones y amenazas

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El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Suances, Guillermo Blanco, ha anunciado hoy una denuncia contra el alcalde, el socialista Andrés Ruiz Moya, por dos posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en la contratación de servicios públicos y un tercero de amenazas y coacciones, en el que puede haber incurrido al proponerle “un intercambio de cromos” para tratar de evitar una acción legal en su contra, según afirma el PRC en un comunicado.

Blanco ha dado a conocer en rueda de prensa una nota manuscrita que fue entregada el martes en su negocio familiar por agentes de la Policía Municipal a instancias de Ruiz Moya, junto con una fotografía y un plano en el que aparecen en rojo un gallinero y un alero de su vivienda. En la nota dice textualmente: “Esto es lo que hay, con una denuncia entregada por un vecino para que se investigue. Si tú juegas, yo también puedo jugar y mucho”.

“Esto tiene un nombre en el Código Penal, son amenazas y coacciones, y si son ejercidas por cargo público tienen consecuencias penales gravísimas, por lo que yo en estos momentos me veo en la obligación moral de aportar esta documentación a la denuncia que presentaremos por la gestión inadecuada en la contratación administrativa del Ayuntamiento de Suances”, ha anunciado.

Según ha explicado, ese escrito es el último episodio de una serie que arranca al principio de la presente legislatura, cuando el PRC comenzó a solicitar documentación sobre la contratación y los pagos a las empresas que prestan los servicios públicos de recogida de basuras, limpieza viaria, jardinería, mantenimiento del alumbrado público y obras públicas menores, alertado por “más de 100 informes de Intervención” en los que los técnicos del Ayuntamiento dictaminan en contra y alertan de irregularidades.

El portavoz regionalista ha detallado que dichos reparos advierten, entre otras posibles ilegalidades, de la realización de pagos por encima de lo permitido por la Ley de Contratos y de la prestación y abono de los servicios a empresas fuera de contrato.

Ante la falta de respuesta a sus peticiones, el PRC registró a principios de octubre un escrito para urgir al alcalde a entregar la documentación y recordarle su obligación de hacerlo en el plazo legal de 5 días. Pero ese requerimiento también fue ignorado, por lo que el 29 de octubre, en un Pleno ordinario, Guillermo Blanco reiteró su petición en el apartado de ruegos y preguntas. La respuesta del alcalde, tal como consta de modo literal en el acta de la sesión, fue que él “ha pedido también copia de contratos e informes de reparo de años anteriores, para intercambiar cromos con el portavoz regionalista, quien contesta que él no intercambia cromos”.

Unos días después y tras pedir la documentación a los funcionarios municipales, que no se la facilitaron por orden directa del alcalde, un notificador la entregó por fin a otro concejal regionalista, acompañada por un convenio urbanístico que Guillermo Blanco firmó en 2001 como alcalde en funciones para la construcción del Hotel Suances, un caso que fue “juzgado y sentenciado” por el Tribunal Supremo y en el que el portavoz del PRC no fue citado ni siquiera en calidad de testigo.

Entre los documentos entregados figuraba también un informe de una inspección urbanística a la vivienda de Blanco, con sello pero sin firma y fechado en octubre de 2011, en el que se cuestiona una tejavana de 3 por 3,5 metros, la cual, según ha aclarado hoy el edil mostrando incluso fotografías, es en realidad “un gallinero desmontable, con dos palomas y dos patos”.

“En ese momento caigo en la cuenta de que se trata del intercambio de cromos al que el alcalde aludía el 29 de octubre en el pleno”, ha continuado el regionalista, quien ha puesto a disposición de los periodistas el expediente urbanístico seguido para la construcción de su casa, en el que figuran todas las licencias preceptivas, incluida la de primera ocupación, que fue firmada por el propio Ruiz Moya en 2009.

Aunque en ese momento descartó la posibilidad de emprender acciones legales, tal como le recomendaban los servicios jurídicos del PRC, Blanco ha decidido finalmente iniciarlas tras constatar, con la entrega esta semana del documento manuscrito ya mencionado, que “lo peor estaba por llegar”.

A su juicio, lo ocurrido en las últimas semanas evidencia que Ruiz Moya es “plenamente consciente y está muy preocupado por la ilicitud de sus actos administrativos”. “Puedo asegurar al alcalde que yo he jugado ya con mis cromos, a partir de ahora le toca a él presentarlos al juzgado, porque vamos a hacer lo posible por apartar de la función pública a las personas que no saben jugar dentro del ejercicio democrático y de la responsabilidad política”, ha concluido.