El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Suances, Guillermo Blanco, ha propuesto al equipo de Gobierno del PSOE que asuma la financiación del coste íntegro del servicio de teleasistencia, por un importe total de 16.000 euros, para evitar que los usuarios, personas mayores en su mayoría, tengan que asumir el pago.
Blanco ha propuesto para ello reducir la partida presupuestaria destinada a atenciones protocolarias y gastos representativos del alcalde, que asciende a 29.000 euros.
La propuesta se produce tras el rechazo del Pleno a la resolución presentada por el alcalde, Andrés Ruiz Moya, para que los usuarios con ingresos superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532,5 euros, asuman en función de sus ingresos entre el 50 y el 90 por ciento del coste de este servicio.
El portavoz regionalista se ha posicionado en contra de ese pago, al entender que los usuarios de la teleasistencia son fundamentalmente personas mayores «con recursos limitados y en muchos casos con familiares a su cargo, como consecuencia de la crisis económica».
«No podemos pedir más esfuerzos a nuestros mayores, tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para ayudarlos», ha recalcado.
Asimismo, ha destacado que el Ayuntamiento «tiene recursos económicos» para evitar que los beneficiarios del servicio tengan que realizar ningún pago y ha argumentado que sería «muy injusto» obligar a los mayores a un desembolso por la teleasistencia, «mientras el alcalde destina el dinero público a comidas, atenciones protocolarias y revistas de propaganda».
Blanco, que formalizará su propuesta en una moción que planteará al próximo Pleno, espera que el equipo de Gobierno sea «receptivo» y asuma una iniciativa que ha calificado como «un ejercicio de justicia social».
Finalmente, ha recordado que el servicio de teleasistencia ha sido siempre gratuito para los usuarios, ya que contaba con financiación del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y del Gobierno de Cantabria. Sin embargo, los últimos recortes del Gobierno del PP a nivel nacional han provocado que la aportación del Estado, que cubría el 65 por ciento del coste del servicio, haya desaparecido.
Ante esta situación, ya han sido varios los ayuntamientos de la región que han decidido asumir el coste pago, para evitar que recaiga en los ciudadanos.
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