El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Torrelavega ha advertido este jueves de que los informes técnicos para proseguir con la adjudicación del contrato de residuos están hechos desde hace casi un mes y ha acusado al concejal regionalista, Pedro Pérez Noriega, de “mentir y poner obstáculos a la contratación de este servicio público, porque no es verdad que a fecha de hoy estén pendientes de valoración las ofertas de las siete empresas que se han presentado al concurso”.
El concejal del PP, Pedro Carrera, ha dicho que las ‘artimañas’ de Pérez Noriega para justificar su ‘inoperancia’ han quedado en evidencia, porque “sabemos que el informe necesario para convocar la Mesa de Contratación está hecho desde el pasado 13 de julio y nada impide seguir adelante con el proceso para adjudicar el servicio de recogida de residuos”, ha dicho Carrera.
El PP solicitó por escrito hace una semana la convocatoria inmediata de la Mesa de Contratación y el informe de las ofertas económicas de las siete las empresas que se presentaron a este concurso, porque ya habían pasado casi cinco meses desde que se abrieron los sobres con la documentación administrativa, un retraso que Carrera calificó de “anormal e indicativo de que algo huele mal en la adjudicación de este contrato”.
Unos días después, el PP ha constatado que los informes necesarios para continuar con la valoración de las ofertas presentadas por estas siete empresas está hecha por lo menos desde hace tres semanas, lo cual contradice la versión de Pérez Noriega, quien ha dicho públicamente “que todavía se estaban valorando”.
El concejal popular ha recordado que el anterior alcalde, Ildefonso Calderón, sacó a concurso el contrato de recogida de residuos con todos los informes técnicos favorables ante la necesidad de llevarlo a cabo porque ya se habían cumplido las prórrogas del contrato vigente.
“PSOE y PRC anunciaron antes de la moción de censura sus intenciones de echar abajo este contrato de recogida de residuos que impulsó el anterior alcalde, – ha dicho Carrera- pero luego rectificaron al comprobar que la licitación del contrato era un imperativo legal que no podían soslayar”.
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