Según el colectivo de indignados, la reforma del artículo 135 acordada por el PSOE y el PP obliga constitucionalmente al pago de los intereses y capital de la deuda pública con prioridad absoluta sobre los gastos sociales.
Esto conlleva la ‘privatización y degradación’ de los servicios y prestaciones públicas, y a juicio del colectivo de ‘indignados’, asfixia al Estado de Bienestar al instaurar el dogma neoliberal en la Carta Magna.
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