José Otto Oyarbide / Archivo
“Consideramos que la función social de la vivienda no esta siendo tenida en cuenta por la SAREB, y tomaremos las medidas que estén a nuestro alcance para presionar a esta entidad a finalizar la promoción de viviendas”, manifestó el concejal Jose Otto Oyarbide.
Desde la concejalía de Urbanismo y Vivienda, que dirige Jose Otto Oyarbide, se están estudiando las opciones legales para hacer cumplir con el derecho constitucional del derecho al acceso a una vivienda digna y contra la especulación inmobiliaria, “no vamos a permitir que la SAREB siga teniendo cerrada, día tras día, y deshabitada esta promoción de 78 viviendas con garajes en el pueblo de Ganzo. Y es más, tomaremos cualquier medida de presión social que este en nuestra mano frente a una institución financiera, como es el Banco Malo, cuyo deber es deshacerse de los activos inmobiliarios recibidos, pero que, consideramos, no puede obviar el grave problema social de acceso a la vivienda de la ciudadanía”, declaró el concejal Oyarbide.
Hace unos meses, y tras las gestiones efectuadas por el Ayuntamiento, representantes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) se personaron en el Ayuntamiento de Torrelavega para interesarse por la subsanación de las diferentes deficiencias con las que cuenta la urbanización de 78 viviendas de su propiedad en Ganzo, para que les sea concedido la licencia de primera ocupación, pendiente desde 2011.
“Les exigimos que subsanasen las deficiencias, algo que en 30 meses no hizo el anterior equipo de gobierno por ineptitud política. La negligencia y falta de interés político del Partido Popular, de Ildefonso Calderón, y de Alejandro Fernández Berjano, ha permitido que la SAREB tenga 78 pisos vacíos, terminados y sin pagar el IBI desde hace 3 años. Pero por ahora nosotros no hemos recibido ninguna nueva respuesta positiva de la SAREB, y nuestra paciencia ha terminado con esta sociedad. Les vamos a denegar la licencia de primera ocupación y vamos a rechazar la urbanización del entorno de la promoción”, señala Oyarbide.
Según añade Oyarbide, esta urbanización consta de 78 viviendas de protección oficial, garajes y trasteros, que comenzó a ejecutarse a finales del año 2007, pasando posteriormente a ser propiedad de una sociedad inmobiliaria propiedad de una entidad financiera, quien las cedió finalmente a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), sociedad que gestiona los activos inmobiliarios que dañaban la contabilidad de varias entidades financieras españolas.
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