Desestimado el recurso interpuesto contra la Autorización Ambiental Integrada de Sniace Biofuels

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado el recurso presentado por Ecologistas en Acción y vecinos de viviendas colindantes a la Planta de Biofuels de Sniace contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida a esta instalación industrial por parte Gobierno de Cantabria.

El recurso no ha prosperado, las alegaciones presentadas por la asociación ecologista han sido desestimadas, según cita textualmente la sentencia, por ‘falta de capacidad procesal y defecto de forma’. No ocurre lo mismo con las alegaciones presentadas por los vecinos de la zona que, al contrario, sí cumplían los requisitos formales pero han sido rechazadas en cuanto al ‘fondo del asunto’ ya que no se han ‘apreciado ni demostrado’.

En primer lugar, la sentencia considera que la factoría no vulnera las medidas de control de seguridad relativas a la manipulación de sustancias peligrosas, tal y como afirmaban los vecinos en el documento de alegación. También se rechaza el segundo motivo de la impugnación, referente al ‘efecto dominó y a la seguridad de la instalación ante la concentración de riesgos en el mismo establecimiento y escasa distancia unos de otros’, según se cita textualmente en el informe emitido por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Torrelavega ya que, aunque el recurso se refiere a la AAI concedida por el gobierno regional, el consistorio torrelaveguense, por ser parte interesada, ha intervenido en el juicio como ‘codemandado’.

La resolución judicial determina que la factoría, tras la modificación de su emplazamiento inicial, cumple la distancia de seguridad legal respecto a las viviendas, no obstante, y a modo de comentario, la sentencia reconoce que el emplazamiento propuesto por SNIACE, a pesar de que cumple la legalidad, ‘apenas puede transmitir tranquilidad a los ciudadanos afectados por sus viviendas’. Asimismo, en la sentencia se pone de manifiesto la ‘evidente falta de prueba’ desarrollada por los demandantes respecto a los riesgos de la instalación y aporta una relación detallada de normativa aplicable, contenida en la ley que regula esta cuestión.

No obstante esta sentencia no es definitiva, y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.