El sindicado ha afirmado que los despidos se produjeron cuando la empresa eliminó y trasladó a otra fábrica del grupo la línea de elaboración de batidos. Esta empresa tiene una planta de fabricación en Arenas de Iguña, aunque la línea de batidos fue trasladada a Aranda de Duero.
Devolución de subvenciones
La Secretaria Comarcal para la Igualdad de USO, Sonia Inguanzo Pérez, y Justino Sánchez Gil, Secretario general del sindicato en la zona Saja-Besaya, a raíz de esta sentencia judicial, han reclamado al Gobierno de Cantabria y al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que "exija" al Grupo Pascual, propietario de la fábrica de Leche Frixia, que "devuelva las subvenciones recibidas del servicio cántabro de empleo por contratación de mujeres posteriormente despedidas".
Además han añadido que, mientras que 6 de los hombres que trabajaban en esa sección fueron recolocados, 8 mujeres y 1 hombre fueron despedidos, algo que los portavoces sindicales afirman que el juzgado califica la conducta empresarial como "discriminación indirecta en aplicación del artículo 6.2 de la Ley de Igualdad", produciéndose, "una clara desventaja de las mujeres respecto de los hombres".
También han anunciado que solicitarán a la Secretaría de Estado de Política Social, dirigida por Amparo Valcárcel y a la Fundación Más Familia, que retiren a la empresa "Grupo Pascual el certificado de Empresa Familiarmente Responsable (EFR)", distinción que fue entregada en junio de 2008. Los portavoces sindicales apuntan que la empresa "no es digna" de esa certificación, al estar su grupo empresarial "condenado por atentar al derecho fundamental de igualdad de las mujeres", afirman.
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