La Delegación del Gobierno en Cantabria afirmó ayer, tras las críticas de la portavoz de Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT), Esther García, que acusaba al delegado de estar más a favor de la empresa FEVE que de los ciudadanos que pagan su sueldo, que la intervención policial llevada a cabo en el Paseo del Niño de Torrelavega fue motivada por la alteración del orden público, con ‘peligro para las personas que ocupaban las vías del tren’, y por no haber sido comunicada previamente a la Delegación del Gobierno.
La intervención policial que desalojó a los manifestantes de las vías del tren y de la estación de Torrelavega de FEVE, se llevó a cabo porque la concentración de protesta había incumplido el Artículo 8 de la Ley Orgánica que regula el Derecho de Reunión, que exige que la celebración de manifestaciones deberá ser comunicada por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo, o cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas. Sin embargo, la concentración de protesta en el Paseo del Niño no fue comunicada a la Delegación del Gobierno en ningún momento.
La Delegación del Gobierno añade que la Policía se vio obligada a intervenir porque los concentrados interrumpieron el tráfico ferroviario durante diez minutos y durante una hora el paso de vehículos por el paso a nivel, de acuerdo al artículo 5, de la Ley Orgánica que regula el Derecho de Reunión, donde se establece que «La autoridad gubernativa suspenderá y, en su caso, procederá a disolver las reuniones y manifestacines en los siguientes supuestos: Apartado B, «Cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes».
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