El Grupo Popular de Torrelavega ha mostrado su “satisfacción” por los cambios legales que favorecen la actividad de Sniace, unas modificaciones en la normativa estatal que cuentan ya con el informe favorable del Consejo de Estado previo a su aprobación por parte del Consejo de Ministros. De esta forma se permitirá a Sniace actualizar los límites de las emisiones de disulfuro de carbono.
Calderón celebra como “un gran paso adelante” este informe positivo del Consejo de Estado que permitirá actualizar los límites de las emisiones de disulfuro de carbono de Sniace y prolongar durante 25 años las ayudas a la cogeneración eléctrica que recibe la empresa torrelaveguense.
El PP ha calificado esta decisión como una “gran noticia y un espaldarazo al trabajo realizado por el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y su gobierno, tras muchos meses de reivindicación y de gestión en Madrid encaminadas a conseguir mejoras para favorecer la actividad de Sniace y de otras industrias de la región.
Calderón ha dicho que “el Gobierno de Cantabria está cumpliendo claramente sus compromisos y está consiguiendo cambiar unas normas legales para que Sniace pueda reanudar su actividad industrial en las mejores condiciones posibles”.
Gracias a esta labor reivindicativa del gobierno presidido por Ignacio Diego, la empresa Sniace no dejará de percibir ayudas a la cogeneración eléctrica en 2016, sino que continuará recibiendo estas primas durante 25 años más.
Por otra parte, en cuanto al disulfuro de carbono, el Gobierno de Cantabria ha conseguido que los antiguos límites fijados por la normativa estatal en 1975, se actualicen al nivel de los existentes en otros países europeos, algo que la empresa Sniace había reclamado como una cuestión clave para reabrir la fábrica de Viscocel.
Calderón también ha valorado positivamente los constantes esfuerzos y la colaboración del gobierno presidido por Ignacio Diego en la búsqueda de soluciones al problema laboral y de las prejubilaciones de la empresa, y ha instado a la dirección de la Sniace a hacer frente a sus responsabilidades y a presentar el plan de viabilidad que desde todas las instancias se lleva reclamando desde hace más de un año.
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