Adjudicada la revisión del PGOU a un estudio madrileño

• La empresa, que se impuso a la otra concurrente OAU Arquitectura, será la encargada de finalizar los trabajos que definan el desarrollo urbano de la ciudad
• El cronograma marcado por el equipo de gobierno determina un plazo de 36 meses para la aprobación definitiva de la revisión del PGOU, y la empresa adjudicataria se ha comprometido a reducirlo a 31 meses

Han quedado adjudicados los trabajos para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Torrelavega (PGOU) a la empresa C. Andrés + LL. Masiá SLP, estudio madrileño de arquitectura que se ha impuesto a la otra empresa licitadora, la gallega Oficina Arquitectura, Urbanismo y Planificación SLP.
En cuanto a las mejoras propuestas por este estudio destacan una asistencia posterior a la aprobación definitiva del Plan General, la elaboración de un estudio de paisaje y de un plan estratégico de infraestructura verde y red de espacios libres públicos asociada, o la integración de las propuestas del Plan General con el Plan Director de Movilidad Urbana Sostenible.
El Comité de Expertos que valoró el programa de trabajo propuesto por Andrés y Masiá destacó su apuesta por la participación ciudadana como uno de los pilares de la redacción del PGOU.
Respecto a la oferta económica, y teniendo en cuenta que el precio base de licitación del contrato era de 527.179,94 euros (IVA incluido) repartidos en tres anualidades, la empresa madrileña C. Andrés + LL. Masiá concurrió con una oferta de 395.307 euros (una baja del 26,7%).
Finalmente, en base a los criterios marcados por el pliego de condiciones, y tras la valoración del Comité de Expertos y de la propuesta económica, Andrés y Masiá obtuvo 88,71 puntos, y OUA Arquitectura 82,50 puntos.
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Jose Otto Oyarbide, ha calificado la adjudicación de la revisión del PGOU como “un momento relevante en el futuro de Torrelavega. Comenzando un trabajo importantísimo para la ciudad”.
La revisión se efectuará con arreglo a unos plazos delimitados en un cronograma, para ‘evitar lo que ocurrió con la anterior empresa adjudicataria’ mediante la previsión de sanciones en caso de retraso, y el hecho de que cualquier posible solicitud de prórroga, que nunca podrá exceder de un año, deberá tener siempre el visto bueno de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuestiones, todas ellas, ‘no previstas por el Partido Popular’, señala Oyarbide.