ACPT presenta una moción a favor de la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social

La formación Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) a través de su portavoz, Esther García Díaz, ha presentado una moción para debate en el Pleno Municipal, en apoyo a la iniciativa legislativa popular de la regulación de la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social.

ACPT recuerda que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2008 y 2011 se han producido en España 166.716 procesos de desahucio como consecuencia de los más de 350.000 procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados desde 2007. En este sentido, la formación considera que la legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 60% del valor de tasación no sólo ‘es anómala’ y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además ‘era desconocida’ por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios muchas veces con información ‘insuficiente y engañosa’, agrega García.

También, su formación considera ‘inadmisible y totalmente injusto’ que en un Estado social y democrático de derecho que recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada a través de mandato constitucional, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario, y recuerdan los efectos ‘dramáticos’ en el ámbito municipal, puesto que es a los servicios sociales de las administraciones locales donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda.

La moción pide dar apoyo al proceso de recogida de firmas que haga posible la discusión parlamentaria de una reforma de la ley a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por las entidades abajo firmantes con el fin de regular la dación en pago con efectos retroactivos, una moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social, como medida ‘de mínimos’ destinada a garantizar el derecho a la vivienda de las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias.