Iván Martínez y Alejandro Pérez (ACPT)
El pasado 4 de mayo de 2021 el gobierno de España aprobó el real decreto-ley 8/2021 por el que se adaptaban medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional. En ese decreto-ley se contemplaba que quedaban suspendidas, en teoría, hasta el 28 de febrero de 2022 todos los desahucios, así como el corte de suministros (agua, luz, gas) a todas aquellas familias que acreditasen su condición de vulnerabilidad o de esta situación de riesgo de exclusión social.
Esta media ha tenido como consecuencia que en estos momentos en Torrelavega haya más de 60 familias acogidas a esta medida para evitar un desahucio y más de 300 familias pendientes de un corte de suministros.
Ante esta situación, la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) liderada por los concejales Iván Martínez y Alejandro Pérez se ha interesado y preguntado tanto en la comisión de Servicios Sociales, en la de Urbanismo y Vivienda e incluso en el Pleno municipal, obteniendo en todos los órganos la misma respuesta: ‘que son conscientes de esta situación y que, supuestamente, están buscando soluciones para todas estas familias’, aunque ACPT cree que «no hay ningún plan» y que solo esperan ‘que el Gobierno estatal prorrogue esta medida nuevamente’.
‘Esta situación de 60 familias pendientes de desahucio y 300 pendientes de un corte de suministros es un claro reflejo de la crisis socioeconómica que está atravesando nuestra ciudad, una crisis arrastrada durante décadas que han visto como el COVID únicamente ha venido a agravar la situación’, detallan.
‘La ACPT maneja datos que aseguran que hay más de 1500 familias en grave situación social, familias cuyos ingresos dependen de pensiones contributivas, Ingreso Mínimo Vital o Renta Social Básica’, explica la formación asamblearia.
Ante esta situación, ACPT ‘exige’ respuestas tanto al Gobierno de Cantabria (Dirección General de Vivienda) como al Ayuntamiento (Alcalde y Servicios sociales), y han solicitado una reunión de forma urgente con la Directora General de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, y la creación de una mesa de trabajo en el Ayuntamiento formada por representantes de los Servicios Sociales y de Urbanismo donde se analice caso a caso y se aplique la solución adecuada.
‘Por desgracia, estas familias no tienen cabida en el mercado libre inmobiliario, no solo por el precio abusivo de los mismos, sino por las exigencias que se pide para acceder al mismo: nóminas, avales, seguros, etc’.
‘La medida de invertir de forma puntual una partida presupuestaria para la compra de vivienda de 500.000€, propuesta liderada por la ACPT, es insuficiente todavía y se ha de prolongar en el tiempo, razón por la cual vemos la necesidad de incluir en los próximos presupuestos municipales una cuantía igual o superior para este fin’.
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