Nuevo juicio por los vertidos de SNIACE, 16 años después
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David Laguillo
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En la imagen espumas y vapor en el río, en el año 2008 / (C) Foto: David Laguillo/CANTABRIA DIARIO
Ecologistas en Acción denuncia la lentitud de la Justicia
Tras más de tres lustros de espera, Ecologistas en Acción Cantabria (EA) comparece de nuevo ante el inicio de la vista oral del juicio penal contra la antigua cúpula de Sniace, incluido todo el consejo de Administración, por los vertidos directos al río Saja entre los años 2008 y 2010. El Juzgado de la Penal nº 2 de Santander ha fijado el día 13 de abril para iniciar el juicio oral, finalizando el día 24 del mismo mes.
Para la organización, este proceso no solo juzga un ‘presunto delito contra el medio ambiente, sino que pone de manifiesto las graves carencias estructurales de un sistema judicial que, por su lentitud, corre el riesgo de volverse inoperante’.
Ecologistas en Acción desea expresar su profunda preocupación por el tiempo transcurrido —más de 15 años— desde que se realizaron los vertidos hasta la celebración del juicio.
Esta demora ha estado ‘plagada de circunstancias no habituales, como varios recursos, anulación de una sentencia, apertura de expediente al magistrado o su reciente jubilación, quien había tramitado el procedimiento’.
Esta ‘dilación indebida’ no es un caso aislado, sino el síntoma de una «maquinaria administrativa y judicial» que parece avanzar con una ‘inercia distinta cuando se trata de delitos de cuello blanco o agresiones al patrimonio natural. Cuando una sentencia llega casi dos décadas después, el efecto disuasorio de la ley desaparece y el descrédito de las instituciones aumenta’.
La complejidad técnica de los procesos ambientales, sumada a la escasez de medios especializados en la instrucción, genera un escenario de «inercia procesal» donde los tiempos se dilatan hasta el punto de rozar la desprotección del bien común. Esta falta de agilidad administrativa termina ‘operando, en la práctica, como un atenuante que beneficia exclusivamente a quienes vulneran la normativa vigente’.
El juicio penal que ahora comienza no es solo una cuestión de responsabilidad individual. Sobre la mesa está una reclamación de indemnización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por daños al Dominio Público Hidráulico (DPH) que asciende a casi 50 millones de euros.
Desde Ecologistas en Acción se advierte de las dificultades de gestionar esta cifra en el actual escenario de liquidación y proceso concursal de la empresa que se encuentra ya avanzado.
‘Señalamos las carencias de un sistema que permite que causas de esta magnitud queden «olvidadas» en los cajones de los juzgados. Es urgente dotar de mayores recursos técnicos y humanos a las fiscalías de medio ambiente y agilizar la toma de decisiones para evitar que la justicia sea, simplemente, un trámite tardío que solo certifica daños ya irreparables. El sistema judicial no puede permitirse estos tiempos de respuesta si pretende ser un muro de contención eficaz contra la degradación de nuestro patrimonio natural’, afirma la formación ecologista.
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